La administración afirma que la prohibición estatal sobre la venta de huevos de gallinas criadas en sistemas con jaulas ha contribuido a un “aumento histórico en los precios de los huevos”.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Michigan, el fiscal general estatal y el director de su departamento de agricultura el 22 de enero.
La ley, que entró en vigor por completo el 31 de diciembre de 2024 para los productores de huevo de Michigan con más de 3 000 gallinas, estipula que las gallinas ponedoras no pueden mantenerse en sistemas de jaulas como colonias, jaulas de batería o jaulas enriquecidas, ni en sistemas similares. Además, prohíbe la venta de huevos con cáscara en el estado si provienen de gallinas que no fueron criadas en un entorno libre de jaulas. El Departamento de Justicia se refiere a esta prohibición como una “prohibición de venta”.
Al asumir el cargo en enero pasado, el presidente Donald Trump hizo de su objetivo abordar las cargas regulatorias que contribuyen al aumento de costos de bienes cotidianos, particularmente de alimentos. La demanda del DOJ afirma que la ley de Michigan —enmiendas a la Ley de Industria Animal hechas en los proyectos de ley H.B. 5127 y S.B. 174— “ha contribuido al histórico aumento de los precios de los huevos al imponer trámites innecesarios en el mercado interestatal de huevos”.
La demanda desafía específicamente la prohibición sobre “la venta en Michigan de huevos producidos por gallinas que no cumplen con los requisitos de alojamiento preferidos por Michigan —incluso cuando esos huevos se producen completamente fuera del estado y, de otro modo, cumplen con todas las normas federales aplicables”.
El documento agrega que “la imposición de estándares de calidad de huevos específicos de un estado ha aumentado los precios para los consumidores estadounidenses” al restringir efectivamente la oferta de huevos y aumentar los costos de cumplimiento.
La administración explicó que el Congreso aprobó la Egg Products Inspection Act (EPIA) en 1970 para establecer estándares uniformes para los huevos en el comercio interestatal y que, a través de esa ley, el Congreso tiene autoridad bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución para anular leyes estatales o locales que impongan estándares de calidad “además de” o “diferentes de” los de la EPIA.
El DOJ alega que la prohibición de ventas de Michigan ignora esa autoridad y afirma que la regulación estatal suplementaria no está permitida bajo la Cláusula de Supremacía. “La EPIA expresamente preempciona los esfuerzos de Michigan por inflar los precios de los huevos condicionando el acceso al mercado a estándares de huevo no federales. Por lo tanto, la prohibición de ventas es inválida”, agrega la demanda.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Michigan, División Sur. El DOJ pidió al tribunal que dictaminara que la prohibición de ventas de huevos convencionales en Michigan está expresamente prevenida por la EPIA, viola la Cláusula de Supremacía y es inválida. El gobierno federal busca una orden permanente que impida al estado hacer cumplir “ciertas disposiciones de la ley de Michigan que violan la Cláusula de Supremacía y han elevado el precio de los huevos para las familias estadounidenses”, junto con “alivio declaratorio e injuntivo”.
En julio de 2025, el DOJ presentó una demanda similar contra el estado de California por el requisito de alojamiento libre de jaulas impuesto a cualquier huevo vendido en ese estado, conforme a la Proposición 12 y medidas similares. Esa demanda también afirma que las leyes han llevado a precios más altos para los consumidores de huevos y han perjudicado a los agricultores que usan otros métodos de producción.
